El Acuerdo de Asociación ratificado sin pena, ni gloria

Por Mario Rodríguez

Por fin, el Congreso de la República reanudó su actividad legislativa al interrumpir la interpelación al ministro de Cultura, ello fue motivado gracias a la propuesta de rebaja del  impuesto de circulación de vehículos.

Al presidente le basto proponer una medida populista y lograr un respaldo casi total entre las distintas bancadas para romper la parálisis legislativa y aprobar una reducción impositiva esperada y bien vista por la ciudadanía. El diputado de la UNE Carlos Barreda lo explicaba así en su cuenta de FB, “elementos de orden político y consideraciones técnicas… (permitieron) cambiar la forma de negociar y hacer política en el Congreso”.

Esas negociaciones fueron aprovechadas hábilmente para aprobar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. ¿Cuáles son las consideraciones técnicas a las que se refiere Barreda? Y qué tiene que ver la rebaja de impuestos con la aprobación de Urgencia nacional del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.¿Por qué se ratifica un acuerdo sin conocer, analizar y valorar sus implicaciones? ¿Por qué el Congreso desprecia el debate?

El Acuerdo de Asociación es un tratado comercial similar al firmado con Estados Unidos llamado Tratado de Libre Comercio. La novedad, si se puede llamar de alguna manera, es que dicho Acuerdo incluye dos tratados adicionales más, uno de cooperación y otro de diálogo político. La esencia del AdA sigue siendo libre comercio con visión neoliberal, que significa ventajas para las empresas y las inversiones, intercambios desiguales y apertura para acceder a compras gubernamentales, servicios y recursos naturales gozando de completa protección.

¿Es positivo un Acuerdo de esa naturaleza? La respuesta puede parecer un misterio y dependerá de a quién  se le pregunte y quién responda. Lo mejor es analizar un poco el Acuerdo y luego sacar conclusiones.

En el tema comercial, el nivel de apertura se mide por la cantidad de productos que pueden ingresar al país libre de aranceles de forma recíproca entre las partes. En otras palabras, el nivel de apertura se mide por la cantidad de productos a los que se les aplica un régimen de libre comercio, sin restricciones y sin apoyos, para intercambiar entre ambas regiones. De acuerdo con eso el país otorgó una apertura del 98.86%, de los cuales el 50% ingresa de inmediato al esquema de libre comercio, el resto se desgravan en períodos de 5 a 15 años, de acuerdo a una canasta de fracciones arancelarias  negociadas. 

El restante porcentaje corresponde a 64 fracciones arancelarias, las cuales han sido excluidas por completo del esquema del AdA por ser consideradas productos sensibles e importantes para el país. El país recibe a cambio una apertura del mercado europeo más modesta, al lograr el ingreso libre de aranceles de los productos que ya gozaban de esos beneficios dentro del Sistema General de Preferencias. El tratado sin embargo no aborda el tema de las ayudas agrícolas que la UE brinda a sus productores.

Con ese nivel de apertura, ¿qué cambia en la estructura productiva nacional? Quizás nada, pues el país adoptó mantener una amplia apertura con el resto del mundo. Lo importante es reconocer que nuestra estructura exportadora seguirá siendo similar, consolidando el esquema agro exportador. Dicha estructura no está diversificada y se concentra únicamente en 17 partidas arancelarias a nivel de productos agrícolas que aplican en promedio entre un 11 y un 0% de impuestos de ingreso y no registra ninguna partida de exportación industrial o de bienes no agrícolas. Eso nos da una idea del intercambio actual y futuro del país con dicho acuerdo.

En el renglón industrial la apertura es total. La colocación de un porcentaje significativo de partidas arancelarias con proceso de desgravación en 10 y 15 años, muestra que la mayoría de aranceles y barreras impuestas tendrán que ser eliminadas. Eso es congruente con la propuesta neoliberal adoptada con la política integral de comercio exterior adoptada por los distintos gobiernos, desde Álvaro Arzú hasta el presente. En otras palabras los resultados muestran una liberalización casi completa, lo que implica una profundización del modelo de apertura externa. Eso no significa que los resultados sean del todo beneficiosos para el país.

Para justificar el continuo proceso de desindustrialización de la estructura productiva, se basan en la teoría de la ventaja comparativa. Esto se sustenta con los productos de exportación tradicional de base agrícola, con poco o nada de valor agregado, basado principalmente sobre la explotación de los recursos naturales y humanos. El café es un claro ejemplo de esto, en donde somos más “competitivos comparativamente” que los países de la Unión Europea. Sobre esa idea se quiere sustentar el proceso de crecimiento económico.

La UE en cambio excluyó del libre comercio casi el 18% del total negociado e impuso medidas contingentes para 107 partidas arancelarias. O sea obtuvimos una ratificación parcial del Sistema de Preferencias llamado GP Plus. A este retroceso, el Ministerio de Economía llama avance, pues ahora la UE reconoce el ingreso del “café tostado, molido y sus preparaciones…”[1]

Lograr la viabilidad exportable de ciertos productos tradicionales del país a la UE, no significa tampoco que se registre un incremento significativo de los niveles de exportación, ni un cambio en los volúmenes de consumo en los países europeos. Pero nos conformamos con poco más que lo mismo.

Además  el Acuerdo de Asociación llega en plena crisis de la Unión Europea. En esas condiciones económicas adversas, la exportaciones estarán condicionadas por la situación de crisis que pasan los países europeos, la capacidad de compra de los consumidores y la recuperación económica.

Guatemala depende de algunos productos agrícolas históricos, propios de la región tropical, que representan al fin de cuentas la injusta estructura económica que sustentan tanta desigualdad y pobreza en este país. Café, banano, azúcar y ahora agro combustibles, son productos ligados fundamentalmente a la estructura injusta de distribución de la tierra, el trabajo colono y la gran explotación agrícola.  Un acuerdo que consolida esto, debe no ser tan bueno para la mayoría de la población  y muestra claramente que el modelo del libre comercio está agotado porque focaliza los beneficios en aquellos grupos y sectores que ya tienen ventajas, y excluye al resto de la sociedad.

En el caso del azúcar de caña los resultados son poco significativos. De acuerdo con los funcionarios de la industria cañera, la UE permitirá la exportación de 150,000 TM con un crecimiento del 3% anual, cantidad mayor a la establecida en CAFTA que fue de 97,000 TM y 2% anual, pero que se debe distribuir por cuotas con los demás países.

Para el banano, los beneficiados son las grandes corporaciones estadounidenses que controlan los procesos de comercialización y son los dominantes en la cadena de producción de banano a nivel local. En todo caso, bajo las estructuras de producción y comercialización actuales, el beneficio de incrementar la cuota de exportación de bananos centroamericanos a la Unión Europea se inscribe dentro del marco de negociación de la OMC, y no como producto del proceso negociado en el Acuerdo de Asociación.

El caso de la leche, otro de los productos sensibles en el último tramo del proceso negociador, Guatemala logró diferenciales en torno a los montos acordados de ingreso libre de aranceles para leche en polvo y quesos maduros. Sin embargo eso no evitará la triangulación con otros países de la región, por la vulnerabilidad de los controles existentes a nivel aduanero en la región centroamericana.

En este punto, el proceso evidenció la falta de reconocimiento de las asimetrías existentes entre ambas regiones. El desplazamiento de la demanda interna hacia productos importados hará que sea menos competitiva la industria local y las posibilidades de apoyo para que pueda subsistir son mínimas.

En las reglas de origen Centroamérica mantiene el beneficio de contar con zonas francas y regímenes especiales. Además de un trato especial para la industria textil sobre el origen de cierta materia prima.

En el tema de propiedad intelectual, se ratificó lo acordado con Estados Unidos, ello incluye el tema de las patentes médicas, los periodos de prueba, la concesión de patentes y el acceso a los recursos bio diversos de la región. Adicionalmente, se incluyo el tema de las indicaciones geográficas, y para el caso de Centroamérica, la región deberá tener una normativa que proteja dicha indicaciones geográficas, previo a que tenga vigencia dicho acuerdo.

En resumen, los pocos logros alcanzados por el país en materia de acceso al mercado europeo se ven desvanecidos por las concesiones hechas que permiten un esquema de competencia asimetría, tanto porque no se evitó ni se trato el tema de los subsidios agrícolas europeos, ni porqué se tiene la capacidad productiva para competir con los procesos elaborados de la industria europea.

Con respecto al diálogo político y el acuerdo de cooperación, dos de los pilares “novedosos”, en este esquema de tratado, las cosas pueden significar un retroceso para Centroamérica.

El Diálogo Político, queda supeditado al desarrollo del aspecto comercial, que de por si, deja en claro la orientación empresarial que tendrá dicho intercambio. En ese sentido lo suscrito deja sin reconocimiento la cláusula democrática, lo cual desvirtúa por completo dicho diálogo y retrocede la agenda planteada en el Acuerdo de San José, ratificada en los posteriores procesos establecidos en las cumbres de presidentes y jefes de estado a lo largo de estos años.

En materia de cooperación, la UE utiliza este acuerdo para viabilizar el esquema comercial que impone el AdA. Dicha cooperación tiene un marcado acento en aquellos mecanismos que viabilicen el intercambio comercial. En otras palabras, es una cooperación que en parte está orientada a operativizar el acuerdo comercial y no es una cooperación al desarrollo.

En ese marco cabe preguntarse si es positivo o no para el país un nuevo acuerdo comercial de este tipo.

Aun cuando el debate pueda parecer sin sentido dado que el Acuerdo ya fue ratificado y por lo tanto se convertirá en ley nacional con jerarquía constitucional dentro de pronto. Es importante que ese debate trascienda más allá de la ratificación, pues lo que se cuestiona no es en sí el Acuerdo, sino el modelo económico que impone y la forma en que el Congreso lo ratifica.

No hay evidencia de que estos tratados de libre comercio generen beneficios reales para el país, ni mucho menos para la mayoría de la población.

No hay beneficios reales en el Tratado ni para el país ni mucho menos para la mayoría de su población que es pobre y extremadamente pobre. Los argumentos utilizados por los promotores del AdA no tienen ningún fundamento, ni ético, ni legal, ni social, ni económico. Se fundamenta en los beneficios para los grandes empresarios, los poderosos de siempre que desde la conquista han obtenido todo a costa del sacrificio y el trabajo del resto de la población, asumiendo que lo que es bueno para ellos, es bueno para el resto de la sociedad.

Pero hoy parecemos locos arando en el desierto, en medio del luto nacional y la alegría de la reducción del impuesto de circulación, nadie debate la conveniencia de este nuevo Acuerdo.

[1] Ministerio de Economía de Guatemala, fechado el 19 de mayo del 2010