Hace un año una verdad judicial se consolidó: José Efraín Ríos Montt es responsable de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la población ixil, durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala.
Innumerables son las acciones de militares y de la oligarquía que intentan silenciar las voces de la población ixil sobreviviente de gravísimas violaciones a los Derechos Humanos. Entre quienes encabezan las tesis negacionistas destacan el actual presidente Otto Pérez Molina y el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, ambos ex militares adiestrados en la Escuela Kaibil perteneciente al Ejército de Guatemala.
La sentencia dictada por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo a través de la cual se condenó a 80 años de prisión a Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes contra los deberes de humanidad cometidos contra la población ixil, según expertos internacionales de reconocido prestigio entre quienes destacan juristas de los casos Pinochet, Videla, Bordaberry y Fujimori, fue apegada al derecho guatemalteco, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consecuente con los estándares marcados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es técnicamente acorde a la prueba practicada y a los hechos probados en el juicio. Sin embargo, a esta verdad judicial —que significa el reconocimiento de la tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas, sometimiento a servidumbre y trabajos forzados, desplazamiento, masacres sistemáticas y planificadas, así como la criminalización del 100% del grupo étnico maya ixil estigmatizado como enemigo interno— se oponen, a través de tesis negacionistas, los miembros de la oligarquía guatemalteca para quienes la sangre indígena tiene el mismo valor que el sudor que ha regado históricamente sus latifundios, algunos intelectuales al servicio de esa élite económico-política, abogados herederos del clientelismo generado por toda dictadura y quienes durante mucho tiempo se habían significado como su brazo armado defensor, los militares. Entre estos últimos quienes hoy gobiernan.A pesar de la conocida enemistad entre el exdictador Ríos Montt y el actual presidente Otto Pérez Molina, el mandatario y su gabinete han hecho una negación granítica del genocidio, irrespetando la obligatoria separación de poderes y violentando la independencia que del poder judicial demanda la democracia. Eso sí, demostrando que quizá es cierto que con la cara cubierta de tizne o luciendo la banda presidencial, un kaibil, como aseguraba el coronel Ortega: “Morirá por su insignia y distintivo”.
Quizá uno de los casos que mejor ilustra el papel de los kaibiles en el Conflicto Armado, y que es también una verdad judicial, es la masacre de Las Dos Erres: crímenes por los que el mismo Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó, en 2011, a 6.060 años de prisión cada uno a cuatro exkaibiles, por la ejecución de al menos 216 víctimas, 92 de las cuales eran mujeres y 67 menores de una media de siete años. En aquella masacre los hombres fueron encerrados en la escuela del parcelamiento y las mujeres, junto a las niñas y los niños, en la iglesia evangélica. Los menores fueron los primeros en morir bajo las almáganas kaibiles. Después, hombres y mujeres fueron lanzados a un pozo donde les dispararon con fusiles y les lanzaron granadas de fragmentación para asegurar su muerte. Las mujeres más jóvenes fueron violadas. Al final del día, como relata Vela Castañeda: “Ya sólo se podían oír las risas de los soldados que devoraban trozos de cerdo con tortillas que unas mujeres de la aldea habían preparado. Sólo para esto habían quedado con vida. Habían terminado de matar a quien fuera su enemigo en esta guerra. No habían tenido batalla, ni heridos, ni bajas, ni guerrilleros, ni armas, ni propaganda: sólo civiles muertos.”A la tesis kaibil sobre la negación del genocidio, respaldada por los militares en general y por sus antiguos jefes, los terratenientes ahora convertidos en sus socios estratégicos, se oponen los años y años de investigacines científicas que las pruebas periciales pusieron de manifiesto durante el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez en 2013: el peritaje estadístico del experto Patrick Ball confirmó que la tasa de mortalidad de la población ixil fue tan alta como la de los genocidios de Ruanda y Bosnia, y que el riesgo de morir a manos del Ejército de Guatemala era ocho veces mayor si se era indígena. Cifras que confirman el racismo estructural como elemento esencial de la maquinaria genocida. Otros análisis científicos sobre genética forense, sociología, derecho, psicología, antropología y balística, aportaron la prueba documental necesaria para confirmar la hipótesis planteada por la acusación sobre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo ixil.
Junto al peso de la evidencia, el desempeño de las organizaciones querellantes fue otro pilar fundamental para la construcción de esa verdad judicial. La Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en los Derechos Humanos (CALDH), con el apoyo y experticia de profesionales de otras nacionalidades, que representan la indignación de la comunidad internacional ante la gravedad de los crímenes internacionales, construyeron una estrategia jurídica de tan alto nivel que a la defensa de Ríos Montt y de Rodríguez Sánchez solo le quedó el litigio malicioso como método de procuración de impunidad para los acusados.
En Guatemala, para las y los funcionarios desafectos al régimen el futuro tiene cara de inhabilitación, o como dijo Toriello: “De encierro, destierro o entierro.” Bien lo sabe la jueza Jassmín Barrios, quien ha pagado un alto precio por presidir el tribunal que condenó a Ríos Montt y porque ya había condenado a los kaibiles responsables de la masacre de Las Dos Erres: ha sobrevivido a más de un atentado y recientemente superó el intento de separarla del cargo que hizo el Colegio de Abogados de Guatemala a través de un Tribunal de Honor que no hace mérito a su nombre. También lo sabe muy bien la todavía Fiscal General Claudia Paz y Paz —que será sustituída por la magistrada Thelma Aldana, señalada por presuntos vínculos con las más oscuras redes de poder del presidente— porque a pesar de revertir la nefasta historia del Ministerio Público ha sido removida prematuramente del cargo. ¿Su delito? Haber sentado en el banquillo de los acusados a Ríos Montt y a otros considerados intocables. Sin duda, jueza y fiscal son las víctimas sacrificiales que quisiera un sistema corrupto que se sabe agrietado y perseguido por la Verdad. No será así. No podrán eliminar lo que ellas ya han hecho y mucho menos lo que significan.
Pero frente las negaciones, la aportación más relevante será siempre la voz de las propias víctimas y sobrevivientes de la política genocida. La Historia y la Verdad guardan registro de más de cien indígenas ixiles que testificaron, la mayoría en su propio idioma, los crímenes vistos, oídos y sufridos en carne propia. Quedarán gracias a su decidida y absoluta disposición de abandonar el silencio impuesto por el mismo Estado que estaba y está obligado a su protección y que, sin embargo, no sólo no detuvo las atrocidades perpetradas por sus propios agentes sino que las refrendó e impulsó. Como sobreviviente y testiga presencial de los horrores de esa guerra, no me cansaré de reconocer con humildad y orgullo que la población ixil ya no es aquel grupo aislado en las montañas cuyas noticias sobre su exterminio controlado tardaban meses e incluso años en llegar a la portada de algún medio. Los hombres y las mujeres mayas de Guatemala son una mayoría que cada vez se aleja más de ese grupo humano observado, ese “otro” que como dice Sontag, “incluso cuando no es enemigo, se le tiene por alguien que ha de ser visto, no alguien (como nosotros) que también ve.”
Frente a las voces negacionistas cuya
ilegitimidad sonrojaría a cualquiera con mínimos éticos, se levantará
siempre la dignidad de la población ixil que rompió el silencio para
construir su verdad, la Verdad. Ellas y ellos son sujetos políticos
construyendo para sí mismos y para el mundo una nueva historia.
http://periodismohumano.com/en-conflicto/no-hubo-genocidio-palabra-de-kaibil.html
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