La Ley de Ong de Giammattei

La Ley de ONG de Giammattei

Por Percy Aguilar Argueta, Contador Público y Auditor

Cuando el médico Alejandro Giammattei se postulo a la presidencia de Guatemala, todo aquel con un poquito de sentido común sabía que iba a ser más de lo mismo.

  Solamente algunos, muy pocos por cierto pensaron en el cambio. Pero como tenía el apoyo de los funcionarios públicos necesitados de mantener su empleo, los que buscaban empleo, las mafias que han gobernado el país, los militares en activo y los retirados, y el financiamiento de Fundaciones como: CACIF, LIBERTAD Y DESARROLLO (Dionisio Gutiérrez) CONTRA EL TERRORISMO, AVELMIGUA y otras de similares objetivos, fue fácil garantizar la legitimidad que da el proceso electoral.

Pero a penas unos días después a quedado al descubierto, primero con las mentiras de los Estados de excepción para perseguir a los supuestos mareros, sin resultados efectivos. Luego con el apoyo oficioso del decreto 4-2020, y para rematar la defensa al empresariado que ha evadido impuestos, diciendo que hay que perseguir la evasión pero no al empresario, para ratificar ese amor que se han jurado, un obsequio, "fumigación de las plantaciones de banano, con dinero de esos impuestos que no se pagan”. Lindura de mandatario.

El sistema de elección vigente en nuestro país arroja los peores resultados, ya sea para elegir diputados, presidente, magistrados.  Todo el proceso debe renovarse, ni siquiera reformarse, hay que cambiarlo por completo.

Las reformas a la ley de ONG podemos resumirla en una palabra “REPRESIÓN” ; la ley antimaras, la resumo también con una palabra “REPRESIÓN”.

En el caso de las ONG el ejecutivo ha justificado las reformas desde a perspectiva de que es necesario la fiscalización.  Afirma que ingresan recursos de otros países que se diluyen en las organizaciones y no alcanzan el objetivo para el cual fueron enviados.  Esto es falso, en el país existe un entramado de leyes destinados a la verificación del gasto en el cumplimiento de objetivos, ya sea por parte de la Contraloría General de Cuentas, cuando se trate de fondos públicos.  En el caso del lavado de dinero, existe la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, y cuando se trate de impuestos esta la Superintendencia de Administración Tributaria.

A pesar de esto, existe una contradicción presidencial, Giammatei a pedido al Ministerio Público que deje la persecución penal por un lado, cuando se trate de empresarios que no han pagado los impuestos, han evadido al fisco o estafado al Estado con facturas falsas.  Bueno, en verdad quiere fiscalización el señor Presidente, o no quiere, unos sí, otros no, cuando me conviene si, cuando no me conviene no. ¿Cómo así?

Sencillo, el Presidente, el Pacto de Corruptos y todos sus allegados han diseñado un plan para evitar las manifestaciones, como las que se realizaron en 2015, y que se repitieron en 2017.  Alterar el orden público, según la reforma propuesta a la ley de ONG le otorga el derecho al Ministerio de Gobernación de cerrar cualquier ONG.  Tapar carreteras, quemar llantas, manifestar inconformidad, puede hacer que sus organizadores sean señalados de terroristas y encarcelados inmediatamente.

No hay duda, las mafias que gobiernan el país están alineadas, todas buscan los mecanismos para reprimir las manifestaciones populares, y aún falta más, esto, desafortunadamente esta iniciando.