El pueblo necesita de su universidad

César Antonio Estrada Mendizábal

Históricamente la Universidad Nacional, la Universidad de San Carlos, ha desempeñado un papel importante en los procesos sociales de Guatemala. Con los aires frescos de la Revolución de Octubre de 1944, adquirió su autonomía y puso su atención en la realidad en la cual estaba inmersa, en la naturaleza, en el hombre y en la cultura nacionales.

A partir de la caída de Árbenz, durante más de tres décadas, las fuerzas reaccionarias y el Estado contrainsurgente se ensañaron en perseguir a los mejores universitarios, y la Universidad, aparte de contribuir con sus propios defectos y limitaciones, fue objeto de una campaña de violencia, acoso y descrédito ante la opinión pública. Paulatinamente, desde mediados de la década de los años ochentas, por causas externas e internas, la Carolina fue perdiendo su conciencia social e histórica para desligarse cada vez más de las circunstancias y de la población que le dan sustento. Actualmente, hay quienes quisieran reducirla a la formación de profesionales y a satisfacer los requerimientos del capital, del mercado. Cabe entonces la pregunta: aparte de los indispensables servicios que prestan los estudiantes que realizan sus prácticas y su ejercicio profesional supervisado, ¿puede todavía la universidad servir a su pueblo, al que siempre ha sido marginado, oprimido y explotado, a los pueblos originarios, a las mujeres, al campesinado, a los trabajadores y a las capas medias?

En estos tiempos en que la ideología dominante ha impuesto el egoísmo, la desmoralización, el escepticismo y la corrupción –el sálvese quien pueda, en una palabra– y donde pareciera que no hay alternativa al neoliberalismo, la pregunta puede parecer fuera de lugar, necia o equivocada. Después de todo, se dice, la misión de la universidad debe ser preparar técnicos que se limiten a satisfacer los requisitos de los patronos, e investigar para –al final de cuentas– aumentar la productividad y la renta de las empresas.

No obstante, la acometida capitalista neoliberal con su secuestro del Estado, con las privatizaciones de las empresas y bienes nacionales, con la explotación de los recursos naturales, la pérdida de derechos laborales y la criminalización de la justa oposición social, ha puesto de manifiesto que la Universidad es hoy tan necesaria como en años pasados. Unos pocos casos pueden servir de ejemplo.

Veamos la oposición que ha suscitado la abusiva actividad minera en el país. El Estado en sus leyes y disposiciones exige que los opositores a la minería tengan credenciales técnicas y profesionales para que sus argumentaciones sean tomadas en cuenta en la maraña de procedimientos burocráticos que deben seguirse. Las pobladores de las comunidades afectadas conocen los hechos, son capaces y se han preparado pero, tan sólo por carecer de algún título requerido, pueden ver imposibilitado el camino legal de sus demandas. El jueves recién pasado asistí a una actividad organizada por el Centro de acción legal, ambiental y social de Guatemala (CALAS) en que se trató el proyecto a las reformas de la ley de minería, y los representantes de las poblaciones y de las organizaciones en defensa del territorio y de la naturaleza y contrarias a la explotación minera expresaron la necesidad que tienen del apoyo científico y técnico de la universidad, y su extrañeza por la indiferencia que ésta ha mostrado. Además, han tenido que ser universidades extranjeras o entidades internacionales las que realicen análisis químicos ambientales o, en el peor de los casos, laboratorios pagados por las mismas empresas mineras transnacionales y cuyos resultados ya se sabe cómo van a ser. ¿No hay en la universidad laboratorios, equipo y personal capaz de efectuar análisis químicos, físicos y biológicos confiables, precisos y exactos que puedan evidenciar cuál es la realidad de la contaminación ambiental? Y si los hay, ¿por qué la inacción?

La Ley de desarrollo rural está estancada en el Congreso de la República, el problema de la tenencia y uso de la tierra se ha agudizado y una reforma agraria integral, bien planificada en sus aspectos técnicos, económicos y sociales es necesaria. El concurso de agrónomos, economistas, administradores y científicos de diversas disciplinas, la institucionalidad de la universidad, podrían contribuir al esclarecimiento del problema con su conocimiento y con la comunicación y convivencia con el campesinado, en un intercambio fructífero de saberes y aspiraciones.

La errada e innecesaria pretensión gubernamental de eliminar las Escuelas Normales y la carrera de Magisterio para sustituirla por un bachillerato en educación seguido de tres años de instrucción universitaria, y la oposición de los estudiantes, profesores y directores normalistas y de los padres de familia en todo el país, es otro asunto en que la universidad puede participar mediante el estudio de la situación y la formulación de planteamientos pedagógicos, filosóficos, objetivos y bien fundamentados que aboguen por la formación de maestros competentes y con conciencia política que les permita trabajar por una educación que promueva la liberación individual y colectiva de nuestro pueblo.

Muchas situaciones más podrían mencionarse pero concluyamos con lo que acaso sea el mayor aporte que la universidad puede dar a su pueblo: coadyuvar en el fortalecimiento de una ideología nacional, ideología no como encubrimiento o mistificación de la realidad sino en el sentido de conocimiento científico de la sociedad y de la naturaleza, y en el de concepción del mundo y de proyecto de vida de los grupos mayoritarios y más necesitados. Los pueblos indígenas, las organizaciones comunitarias, las mujeres, los jóvenes, los campesinos, los asalariados, los adultos mayores, la población que defiende su modo de vivir y su territorio de los atropellos de las empresas transnacionales extractivas, conocen nuestra realidad por vivirla más de cerca y están generando también pensamiento. Los universitarios tienen mucho que aprender y enseñar si toman conciencia de estos movimientos populares que buscan la liberación de aquello que hasta ahora ha limitado sus posibilidades de llevar una existencia humana y digna. Para esta acción universitaria hay, sin embargo, un obstáculo formidable: no basta la labor individual y aislada de profesores, estudiantes y trabajadores; la Institución de educación superior debe actuar sistemática y concertadamente pero su miope, inepta y desnaturalizada dirigencia –hay excepciones notables y honrosas, empero– su burocracia y su inoperante estructura administrativa y académica deben ser primero sacudidas y luego, en la medida de lo posible, reformadas. ¿Responderán la Universidad y sus integrantes a su pueblo?